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Política migratoria en México

Entre la principales causas estructurales por las que personas migrantes y solicitantes de protección internacional deciden salir de sus países de origen, se encuentran la pobreza, la marginación, las violencias sistemáticas y sistémicas, la corrupción y la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia y la garantía de derechos.

México es un país clave en el tema migratorio tanto por su posición geográfica y política, y por los diversos flujos y procesos migratorios que ocurren en el territorio. Diariamente, personas migrantes llegan para quedarse, transitan, emigran, o son deportadas a sus lugares de origen. Si bien, ha habido avances en marcos normativos y políticas públicas, aún continua la implementación de una política de Estado caracterizada por el control y la administración de flujos migratorios, sin perspectiva de derechos humanos ni visión integral.

Las consecuencias de ésta política enfocada en la seguridad nacional y no en la seguridad humana se puede observar en:

  • Las rutas migratorias cada vez más peligosas.
  • El incremento de los delitos de secuestro y extorsión en contra de personas migrantes.
  • La elevación de los costos que deben pagar a los traficantes de personas, y
  • El incremento en las condiciones de inseguridad para las personas defensoras de derechos humanos y albergues.

Migración y Derechos Humanos 

Algunas de las situaciones que viven las personas migrantes en México, que violentan sus derechos, motivan y fundamentan el trabajo del GTPM son:

El acceso a mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad es limitado y muchas veces nulo, lo cual impide la justicia, la reparación del daño y la posibilidad de establecer medidas de no repetición.

  • Los procedimientos de verificación migratoria, traslados y deportaciones violentan el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
  • La privación de libertad de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, en estaciones migratorias, es una práctica generalizada y arbitraria, y no cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad propios de las medidas de privación de la libertad.
  • En los procesos para acceder a un documento de regular estancia existen prácticas discriminatorias y discrecionales, que eliminan u obstruyen la posibilidad de las personas migrantes de acceder a éstos documentos para permanecer en México sin el temor de ser privadas de su libertad, o en su caso deportadas a sus lugares de origen.
  • Falta de acceso a derechos como los de salud, identidad, trabajo, educación y acceso a la justicia, entre otros por no tener un documento de identidad y un documento de estancia regular en México.
  • A pesar de los avances legislativos en materia de infancia migrante, aún no se homologan, ni armonizan, ni se implementan las acciones que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para la determinación y la evaluación de su Interés Superior y la consecuente puesta en marcha de medidas de protección y/o de restitución de derechos violentados.

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