México, 19 de marzo de 2020

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• Ante la emergencia debe primar la solidaridad en nuestras comunidades y medidas públicas planificadas que garanticen la vida y salud de todas y todos. En el actual contexto de expansión del coronavirus COVID-19 a nivel global y el aumento constante de casos identificados y sospechosos en distintos estados del territorio mexicano, urgimos al Estado en su conjunto a proteger y salvaguardar la vida de todas las personas que se encuentran en el país, incluyendo personas migrantes, solicitantes de protección internacional y residentes.

Haciendo eco de las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la necesidad de compromiso político al más alto nivel y más allá del sector salud en México; desde las organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado a las entidades públicas encargadas del tema migratorio encabezadas por la Secretaria de Gobernación, de protección social y salud para implementar acciones que reduzcan el riesgo de la población migrante y solicitante de protección internacional ante la actual pandemia. Por tanto, resaltamos algunos puntos que deben ser manejados por el Estado mexicano bajo el completo respeto a los derechos humanos y los mayores estándares sanitarios.

Cese de las detenciones por razones migratoria, liberación de todas las personas detenidas en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales y protección de personas en situación de calle. Ante las progresivas medidas de cierre de fronteras y restricciones de movilidad aérea, marítima y terrestre en los países de la región, incluyendo la solicitud del gobierno de Guatemala de detener la deportación de personas por vía terrestre, aumentará la sobrepoblación al interior de las Estaciones y Estancias migratorias1 en caso de mantenerse los operativos de detención a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) y Guardia Nacional. Asimismo, las personas se verán expuestas a largas y arbitrarias temporadas de detención hasta que los países de origen aseguren las condiciones para su deportación o retorno.

Este escenario de emergencia por el riesgo que supone la permanencia de cientos de personas detenidas en un mismo lugar en contravía de las medidas actuales de restricción de aglomeraciones se intensifica con el historial de falta de acceso, garantías y protección a la salud de personas en detención migratoria. Durante años, diferentes organizaciones, organismos internacionales y entidades públicas han visibilizado los problemas de abastecimiento de necesidades básicas, suministros de higiene y en el manejo de enfermedades dentro de las Estaciones Migratorias. Basta con recordar el caso de la muerte de una niña en mayo de 2019 en la Estación Migratoria Las Agujas de Ciudad de México a raíz de múltiples omisiones, negligencias e inadecuada atención médica de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Por tanto, con fundamente en el Artículo 48 del Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración que prevé alternativas en caso de que no sea seguro mantener a personas detenidas y hacinadas, hacemos un llamado a la liberación de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional detenidas. Resaltando que en estos lugares permanecen personas con perfiles de vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultas mayores y personas con perfiles médicos de alto riesgo ante el actual coronavirus; como VIH, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras.

En caso las personas se vean forzadas a estar en situación de calle por no contar con redes de apoyo en el país y sin posibilidad de estar en albergues de la sociedad civil, deberían ser albergadas en espacios dispuestos por entidades de protección, bienestar y salud para población en situación de calle no solo migrante.

Acceso a servicios médicos y derecho a la información sobre protocolos de prevención y atención en la actual contingencia. Basándonos en el Artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud recordamos que todas las personas que se encuentran en el país y que no cuentan con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Ante la propagación del COVID-19, el Estado Mexicano debe garantizar los criterios de universalidad e igualdad en la atención médica sin importar la condición migratoria en que se encuentran las personas. Asimismo, extendemos un llamado al INM para que informe sobre los mecanismos que ha dispuesto para informar a las personas detenidas sobre las medidas de prevención de contagio y atención médica ante casos de sospechosos y positivos de COVID-19.

Acciones contra la xenofobia y discriminación. La expansión de este nuevo coronavirus ha originado una serie de medidas a nivel global en las que se incluyen el cierre de fronteras y restricciones de ingreso de personas de países en los que se han detectado casos o se encuentran en transmisión activa como medidas preventivas sanitarias. Sin embargo, este mismo fenómeno ha demostrado las limitaciones de los enfoques de seguridad fronteriza y por el contrario la necesidad de ampliar la cooperación transfronteriza e internacional. A pesar de que el gobierno mexicano ha dicho en reiteradas ocasiones que no cerrarán fronteras, instamos a que se garanticen medidas de no discriminación hacia la población migrante dentro de México.

En este contexto, las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional deben tener acceso a la misma información, medidas preventivas y atención en salud que la población local, en tanto se encuentran en condiciones de similar vulnerabilidad y es un problema de salud pública que más allá del origen, nacionalidad o estatus migratorio de las personas. Asimismo, se debe combatir cualquier manifestación de discriminación hacia personas de cualquier país o región que afronta esta pandemia y mucho menos contra algún grupo poblacional especifico por su condición de vulnerabilidad ante el contagio.

Tramites de regularización, presentación para firmas y solicitudes de refugio. Se debe de garantizar el acceso a los trámites migratorios, el derecho a la protección internacional y respetar el principio de no devolución, sin embargo, las instancias públicas deben de tomar las medidas de prevención adecuadas para reducir riesgo de contagio. En aras de promover el cumplimento progresivo de medidas de sana distancia, entre ellas la atención a la ciudadanía y tramites no indispensables.

Urgimos a las entidades migratorias y de refugio que evalúen la disposición de medidas que favorezcan la reducción de aglomeraciones tales como la obligatoriedad de firmas presenciales por parte de personas solicitantes de refugio beneficiadas con alternativas al alojamiento en las oficinas del INM. Aun así, las personas deben tener plenas garantías de acceso al derecho a solicitar refugio, tener información sobre sus trámites y continuar con sus procedimientos de regularización.

Protección de mexicanos y mexicanas en otros países. Esta crisis humanitaria y sanitaria ha visibilizado de nuevo problemáticas estructurales a las que se enfrentan mexicanos, mexicanas y personas de la región en otros países, especialmente Estados Unidos. En estas semanas se ha puesto de manifiesto el alto riesgo en el que se encuentran millones de personas por cuenta de la imposibilidad de acceder al sistema de salud estadounidense ante posibles repercusiones legales e incluso el riesgo de ser víctimas de redadas y detenciones. A esto se suma la afectación por el cierre de fronteras y aeropuertos en el mundo que ha llevado a que cientos de mexicanos y mexicanas no puedan regresar a su país. Por tanto, solicitamos a la Secretaria de Relaciones Exteriores y la red consular a nivel global que tomen acciones para garantizar y proteger la vida y bienestar de connacionales en el exterior, incluyendo opciones de repatriación.

Protección integral a las diferentes poblaciones que esperan en la frontera norte. A lo largo de toda la frontera norte mexicana se encuentra población mexicana desplazada interna que está esperando poder solicitar asilo en Estados Unidos junto con personas de otras nacionalidades, además se encuentran las más de 60 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que han sido retornadas a México bajo el MPP, población mexicana deportada, población en situación de calle y otras poblaciones con necesidades específicas. Es necesario y urgente que por el contexto de riesgo en el que se encuentran, se les garanticen medidas de protección dignas, atención médica y la reducción de los riesgos en medio de la pandemia.

Las organizaciones de la sociedad civil que firmamos este comunicado estamos con toda la disposición de colaborar con las autoridades en la promoción de medidas de prevención y protección que reduzcan los riesgos provocados por la expansión del coronavirus COVID-19 a nivel global. Pedimos al gobierno mexicano que las medidas de contención de la pandemia sean con pleno respeto a los derechos humanos de todas las poblaciones, en específico las que se encuentren en contextos de mayor vulnerabilidad sin importar su condición migratoria.

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Atentamente,

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano

Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura–GIDMT

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria GTPM

Red por los Derechos de la Infancia en México – REDIM

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Capítulo México y Capítulo Guatemala.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

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