Ciudad Juárez, Chihuahua a 29 de noviembre 2022

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Respecto al desalojo violento de personas venezolanas asentadas a orillas del Río Bravo, ocurrido el domingo 27 de noviembre, queremos comunicar que desde DHIA establecimos diálogos previos con las Comisiones Estatal (CEDH) y Nacional (CNDH) de los Derechos Humanos, así como con el Consejo Estatal de Población (COESPO), con quienes compartimos preocupaciones en torno a:

• Exposición de la población a situaciones de violencia generalizada en la localidad, al encontrarse junto al Río Bravo sin alumbrado público y frente a diversos riesgos.
• Persecución por parte de autoridades migratorias y de seguridad pública (prioritariamente municipal), derivando en detenciones arbitrarias, robo, extorsión y destrucción de sus documentos o permisos migratorios.
• Uso de fogatas encendidas con materiales de riesgo que exponían a las personas asentadas.
• Riesgos de salud asociados a la falta de regaderas y sanitarios.
• Enfermedades respiratorias derivadas de las condiciones climáticas.

En virtud de lo anterior, coincidimos en la necesidad de que las personas fueran reubicadas en espacios humanitarios, aunque ello imponía retos no superados desde hace al menos tres años, tales como:

• Falta de regulación de espacios de acogida donde se han documentado casos de explotación y abuso sexual.
• Capacidad limitada de alojamiento en los espacios públicos y privados.
• Ausencia de presupuesto público municipal, estatal y federal para los espacios humanitarios (aunado a la opaca transparencia por parte de las dependencias que hacen uso de los recursos).
• Restricciones a las salidas de personas en albergues denominados de puertas abiertas, ya que funcionan como espacios filtros para prevenir el contagio de enfermedades, y limitan el tránsito al solicitar autorizaciones para salir (pases expedidos de forma discrecional por el personal a cargo).

Nuestras preocupaciones ante el desalojo son:

• Se realizaron intentos previos de reubicación de las personas asentadas a través de personal de Protección Civil, Grupo Beta, COESPO, Delegación de Programas para el Bienestar y la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, argumentando que la integridad de las personas estaba en riesgo y no existían forma de garantizar la salubridad del espacio. Sin embargo, dichas dependencias hicieron uso de la SSPM desde el 17 de noviembre para impedir la instalación de nuevas casas de campaña o personas. Entre esa fecha y el 27 de noviembre, más de 60 unidades del mencionado cuerpo policiaco, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Guardia Nacional fueron destinadas para desalojar a la población, en lo que se denominó “operativo de limpieza». Estos hechos, aunados a los abusos de autoridad de los agentes, generó predisposición y temor en la población venezolana.
• Cuando el diálogo entre autoridades y población asentada se agotó, la respuesta fue el uso desproporcionado de la fuerza pública (Grupo Antimotines de la SSPM —utilizado en pocas ocasiones en la ciudad—), replegando a personas en movilidad (entre ellos niñas, niños y adolescentes) y a periodistas que cubrían el desalojo.
• Presencia de al menos 40 unidades de seguridad pública entre policías municipales, estatales y Guardia Nacional, así como su personal armado, en comparación con seis vehículos de autoridades no armadas. Llama la atención que en otros momentos, ante la solicitud de presencia de elementos de protección, la respuesta ha sido omisa.
• El desalojo de las personas en movilidad a zonas desconocidas de la localidad, les dejó en un estado de indefensión; sin vinculación a redes comunitarias de apoyo y sin pertenencias (casas de campaña, cobijas y ropa) para protegerse de los cambios del clima.
• Alarma de manera desconcertante el discurso y la actuación de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio que avaló el uso desmedido de la fuerza pública de al menos 3 corporaciones. Demostrando desconocimiento sobre las condiciones y necesidades de una población mundialmente reconocida como refugiada, a la par, reprodujo de manera pública e institucional discursos que criminalizan a las personas solicitantes de protección internacional. También ignoró que el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó de manera inmediata un oficio de salida violentado el Principio de No Devolución ratificado por México.
• El discurso público del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar en la conferencia del 28 de noviembre donde reiteró que continuarán haciendo uso de la fuerza armada para desalojar a la población venezolana (actualmente reubicada en distintos espacios públicos).

En este contexto, como organización que promueve y defiende los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad humana, hacemos un llamado enfático a:

1. Proporcionar una disculpa pública por parte de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Juárez y el Ayuntamiento a la población venezolana por la actuación de las fuerzas antimotines y por la difusión del discurso criminalizador de la población en movilidad, reproducido y justificado en la conferencia de prensa del lunes 28 de noviembre, donde se reconoció que por línea institucional del Ayuntamiento se ordenó desalojar por los medios necesarios. Desalojo iniciado desde el 17 de noviembre al utilizar a elementos de SSPM para intimidar y hostigar durante diez días a la población asentada, así como a la ciudadanía que intentaba ayudarles.

2. Que las autoridades previamente mencionadas den respuesta a la solicitud de una mesa de diálogo, petición hecha por las personas del campamento para llegar a acuerdos que les permitieran permanecer por lo menos hasta el 21 de diciembre en la zona del Río Bravo.
3. Como una medida reparatoria es importante que la SSPM en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos del Municipio diseñen, transparenten y pongan en marcha una campaña de sensibilización para informar y empatizar sobre las condiciones que enfrentan las personas refugiadas, así como las
   implicaciones de la ayuda humanitaria.
4. Garantizar la no repetición de acciones de securitización (es decir, ver a las personas en movilidad como amenaza prominente para la seguridad nacional).
5. Clarificar las distintas versiones proporcionadas por la Secretaría del Ayuntamiento, Comunicación Social del Gobierno del Estado y la Dirección de Derechos Humanos del Municipio respecto al número de traslados voluntarios realizados a albergues, posterior al desalojo. También a cumplir con la obligación de brindar información verídica sobre las organizaciones de derechos humanos y otras agencias presentes en el desalojo.
6. Informar a la población en movilidad y a las organizaciones que les acompañan cuáles serán los protocolos a seguir para el recibimiento de las personas venezolanas posiblemente retornadas, así como para quienes se encuentran acampando en las calles tras el operativo.
7. Garantizar la pronta regulación de espacios de acogida, a fin de proporcionar seguridad humana para las personas que se alojan en ellos.

La actuación de las autoridades generó mayor desconfianza en la población, cerrando posibilidades de diálogo y no logrando el objetivo principal de reubicación y resguardo, pues finalmente se asentaron entre las calles de la colonia Bellavista, zona periférica al norponiente de la ciudad que desde hace años carga con el abandono institucional, lo que ha incrementado las condiciones de inseguridad para quienes aún permanecen en ella. Las personas llegaron a tapias, donde las condiciones para vivir son aún más riesgosas que en el campamento.

Suscriben:

Alianza Américas
Uno de Siete Migrando, A.C.
Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)

Hope Border Institute | Instituto Fronterizo Esperanza
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save the Children México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Migrantes México; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Gloria Ciria Valdéz Gardea, fundadora y coordinadora del Seminario Niñez Migrante; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Claudia Martínez Medrano, Jocelín Mariscal Agreda y Melissa A. Vértiz Hernández, Secretaría Técnica.