Andrés Manuel López Obrador

Quienes suscribimos la presente carta les instamos a rechazar cualquier acuerdo que implique la obstaculización, directa o indirectamente, para que las personas puedan solicitar asilo o protección internacional en Estados Unidos, toda vez que dichas acciones van en contra de la legislación nacional e internacional. A continuación nos permitimos enlistar las acciones que se han llevado a cabo, por parte del gobierno de Estados Unidos, principalmente, con la anuencia del gobierno mexicano encaminadas a obstaculizar el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.

Desde enero del 2017, cuando Donald Trump entro como presidente de Estados Unidos ha anunciado una política migratoria para detener el paso de las personas migrantes de México a su país, incluyendo a quienes solicitan asilo u otra forma de protección internacional. Su política incluye una serie de acciones, como barreras físicas y tecnologías en su frontera con México, así como límites al procedimiento de asilo, incluida la decisión en Matter of A-B -una resolución que restringe el acceso al asilo para sobrevivientes de violencia de género y para cualquier persona huyendo de persecución de actores civiles, como el crimen organizado, bandas criminales, entre otros. Además de la adopción de restricciones a la independencia de los jueces de inmigración, y cuotas para limitar la debida consideración de casos de conformidad con los principios de debido proceso.

Al tiempo, desde hace dos años, oficiales de migración en la frontera entre México y Estados Unidos han estado colaborando con autoridades mexicanas para impedir el acceso al proceso de asilo u otras formas de protección internacional, en algunos casos negando la entrada a personas que desean solicitar asilo en dicho país, y en otros lugares estableciendo listas de espera, las cuales son manejadas por Grupo Beta de México, las propias personas migrantes o el crimen organizado (o una combinación de estos actores).

En mayo del 2018, los medios de comunicación reportaron la negociación de un acuerdo llamado Acuerdo de Tercer País Seguro, a través del cual, aquellas personas que hubieran pasado por México tendría que solicitar asilo en este país, y quienes pasando por territorio mexicano entraran a Estados Unidos para solicitar asilo serían devueltas a México.

Organizaciones internacionales y de la sociedad civil, tanto en Estados Unidos como en México, denunciaron la firma de dicho acuerdo, o cualquiera similar, ya que limitaría el derecho de solicitar asilo en Estados Unidos y violaría la legislación nacional y el derecho internacional, además de que México de ninguna forma puede ser considerado un país seguro para todas las personas solicitantes de asilo. El gobierno mexicano manifestó que no firmaría dicho acuerdo.

En meses recientes, el gobierno de Estados Unidos ha aumentado su presión para que México sea un filtro para las personas migrantes y solicitantes de asilo en la región. La protección de esta población tiene que ser una responsabilidad compartida, y tanto Estados Unidos como México deberían fortalecer sus sistemas de asilo para garantizar que las personas puedan solicitar el estatus de refugiadas en el país donde tendrán la mayor seguridad y posibilidad de integrarse, tomando en cuenta sus situaciones de vulnerabilidad individuales, la reunificación familiar, entre otros factores. Ambos países niegan sus obligaciones cuando negocian limitaciones para el acceso al asilo en Estados Unidos – que de por sí es restringido, y apenas reconoce a aproximadamente 30,000 personas anualmente, de las cuales menos de 4,000 han sido de Centroamérica en los últimos años.

El gobierno de Donald Trump inició cambios en su política migratoria unos días después de asumir la presidencia, con la publicación de tres órdenes ejecutivas que establecieron la pauta para su gobierno, y ha avanzado con la mayoría de sus metas escritas en las órdenes.

Entre las acciones que se han propuesto o se han adoptado se destacan las siguientes que tienen el propósito de impedir el acceso al proceso de asilo en ese país para las personas que llegan a la frontera México-Estados Unidos:

1. En marcha -Limitar la entrada o rechazando a personas solicitantes de asilo en las puertas de entrada en la frontera, en colaboración con oficiales de México, a través de listas de espera o sencillamente negando el acceso y avisando a los solicitantes que deben regresar más tarde o que ya no existe el asilo en Estados Unidos, y en el caso de niñez y adolescencia no acompañada, negándoles el acceso en la puerta de entrada de la frontera.
2. Acción adoptada pero frenada por las Cortes de Estados Unidos –Cualquier persona que llegue a la frontera de Estados Unidos, desde México, y cruce fuera de una puerta de entrada formal durante el tiempo de vigencia de la declaración presidencial prohibiendo este cruce, no podrían calificar para asilo (y no hay excepciones para niñas, niños, y adolescentes no acompañados). Esta declaración fue promulgada el 9 de noviembre del 2018.
3. Propuesta -Regresar a las personas a México después de ponerles en procedimientos de remoción ante las Cortes de inmigración, de acuerdo con la sección 240 del INA,4 obligándoles a esperar el resultado del proceso en la Corte y la decisión sobre el asilo antes de permitirles el ingreso a Estados Unidos. En algunos medios se ha anunciado la propuesta de incluir el proceso de miedo creíble en esta acción, obligando a las personas a esperar en México (si no tienen un temor razonable de persecución en México) para el resultado de la entrevista de miedo creíble, y si es positivo, para el resultado del caso de asilo que sigue.
4. Propuesta -Negando la entrevista de miedo creíble o el asilo basado en el argumento de que la persona (no ciudadana mexicana) hubiera podido buscar protección en México.

Otras colaboraciones entre ambos países para limitar que las personas solicitantes de asilo lleguen a Estados Unidos ha sido la propuesta, anunciada en septiembre pasado, de reasignar $20 millones de dólares por parte del Departamento de Estado para asistencia internacional al Departamento de Seguridad Interior (DHS) para apoyar a México en la deportación de personas de otros continentes.5 A través de la Iniciativa Mérida, México ya ha recibido apoyo para fortalecer la construcción de la puerta de entrada de Hidalgo (Chiapas), y para la instalación de equipos biométricos a través de los cuales los países ya están intercambiando información sobre las personas migrantes detenidas en territorio mexicano.
La propuesta denominada “Quédate en México”, que ha circulado en la prensa en los últimos días corresponde al punto número 3 (Propuesta) mencionado anteriormente, y es preocupante por las siguientes razones:

1. Violaría secciones del Immigration and Nationality Act (INA) – 208 (asilo), 235 (procedimiento en territorios contiguos solamente en circunstancias no aplicables al caso).
2. Violaría el derecho de solicitar asilo en el país de su preferencia, el derecho a la unidad familiar, y los derechos de las niñas y los niños no acompañados. Muchas de las personas que solicitan asilo en Estados Unidos lo hacen porque están huyendo de la violencia, pero además tienen familiares en ese país. En México no existen las mismas redes de apoyo para quienes solicitan asilo.
3. Violaría el Trafficking Victims Protection Act (TVPRA) y las protecciones especiales para niñas y niños no acompañadas buscando protección en Estados Unidos.
4. Impediría acceso a la representación legal en Estados Unidos, y procedimientos que limitan acceso al debido proceso.
5. Implicaría la concentración a jueces y sistemas en la frontera sur de Estados Unidos en vez de distribuir los casos donde las personas pueden tener mayor acceso a servicios legales pro bono.
6. Pondrían en riesgo la seguridad de quienes solicitan asilo y su derecho absoluto de non- refoulement, ya que las personas esperando en México para sus audiencias estarían en riesgo de detención y deportación a sus países de origen por parte del gobierno mexicano.
7. Pondría en riesgo a las personas esperando por sus solicitudes en la frontera norte de México, donde hay altos índices de violencia.

En vez de un acuerdo para obstaculizar el acceso al asilo en Estados Unidos, ambos países debería trabajar para fortalecer sus sistemas de asilo. En México hay una necesidad urgente de asignar recursos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para abrir oficinas adicionales y contratar personal de protección. Así mismo, México podría fortalecer su sistema de protección ampliando el término para solicitar asilo una vez en el país de 30 días a un año y permitiendo que las personas puedan decidir en qué parte del país quisieran vivir mientras esperan la resolución de su caso. Además, México cuenta con un marco de protección amplio que también contempla documentación migratoria para personas que llegan o están en el país por razones humanitarias que podría ser una buena opción para quienes necesitan estar fuera de sus países por un tiempo, con autorización para trabajar.Es necesario que los gobiernos de la región reconozcan sus responsabilidades en la protección de la vida y la integridad de las personas, así como en la generación de políticas migratorias que coloquen en el centro la seguridad humana, y no la detención y deportación que traen como consecuencia la violación sistemática de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y de protección internacional.

Organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos:

Women’s Refugee Commission (WRC); Washington Office on Latin America (WOLA); Human Rights First; Denise Gilman, Director Immigration Clinic, University of Texas, Austin; and Latin America Working Group (LAWG).

Organizaciones de la sociedad civil de México:
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTPM): Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; SJM-SJR México, Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdéz; Elba Coria; Manuel Angel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (observadoras); Melissa Vértiz Hernández, Secretaria Técnica.