En la conmemoración de los 29 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), las organizaciones, redes y personas que conforman el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) hacen un llamado para hacer realidad la armonización legislativa de la Ley de Migración y la ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) para asegurar la protección y respeto de sus derechos en contextos de migración internacional en México.

La LGDNNA, publicada en el 2014, en su Capítulo Décimo Noveno, establece las medidas de protección que deben adoptarse para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes sin importar su nacionalidad ni situación migratoria; además de reconocer entre otras cosas, el interés superior de la niñez como consideración principal en el procedimiento administrativo migratorio; las garantías al debido proceso; la prevalencia de la unidad familiar; y la definición de las instancias responsables de las evaluaciones y canalizaciones, que ya no serán las dependientes del Instituto Nacional de Migración sino las de protección a la infancia en el país, como lo son el Sistema Nacional DIF, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y las Procuradurías de Protección. De igual manera, en su Artículo 122, se especifica el proceso para implementar medidas urgentes de protección especial para esta población, en conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Para que tanto la LGDNNA como su Reglamento sean aplicadas cabalmente, es indispensable que diversos marcos normativos sean armonizados, como lo son la Ley de Migración y la de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Por lo anterior, Comisiones del Senado de la República, en conjunto con el GTPM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), y el de Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); elaboraron y respaldaron el dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Migración (LM) y la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LRPCAP) en materia de infancia migrante, el cual fue aprobado en abril del presente año y enviado a la Cámara de Diputados, donde ha sido turnado a las Comisiones de Gobernación y de Asuntos Migratorios para su revisión.

Cabe señalar que las reformas propuestas como parte de la armonización legislativa de la LGDNNA, además de contar con el respaldo de organismos de Naciones Unidas, responden a diversas recomendaciones hechas al Estado mexicano por el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Trabajadores Migratorios y sus Familiares, así como la Relatoría de los Derechos de Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de respeto y protección de los derechos de la infancia y adolescencia migrante en contextos de movilidad humana.

El contexto actual donde el éxodo centroamericano atraviesa nuestro país es un ejemplo más que confirma la necesidad de que la legislación nacional responda a las necesidades de niñas, niños y adolescentes cumpliendo el más alto nivel de respeto y garantía de sus derechos, sin que su condición de movilidad sea una limitante.

Aunque no se tienen cifras oficiales, Save the Children estimó al 14 de noviembre que el 28% de quienes han ingresado al territorio mexicano como parte de la “caravana migrante” son niñas y niños, por lo que es indispensable que la armonización legislativa se ponga en marcha a la brevedad.

La aprobación de estas reformas coadyuvará al reconocimiento de derechos establecidos en la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita por México en 1989 y en la cual asume diversos compromisos que, en conformidad con la reforma constitucional del Artículo 133, obtienen el nivel de Ley Suprema.

El GTPM reitera su disposición para brindar acompañamiento y asesoría técnica a las comisiones arriba señaladas, con el fin de contribuir a la pronta aprobación del dictamen que dé paso a la armonización legislativa.