México. 24 de enero de 2020.

• Elementos antimotines de la Guardia Nacional encapsularon a integrantes de la caravana migrante en el municipio de Suchiate, Chiapas, causando lesiones físicas, desmayos, sofocamientos y crisis nerviosas en mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
• Actuación de COMAR, el Grupo Beta del INM y organismos públicos de derechos humanos ha sido lenta y omisa, incluso nula.
• El gobierno mexicano debe reconocer el contexto de crisis de desplazamiento forzado en la región y tratar a las personas necesitadas de protección de acuerdo a sus obligaciones ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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Las organizaciones y redes firmantes, que formamos parte de la Misión de Observación en Derechos Humanos en Tapachula en mayo de 2019, expresamos nuestra condena absoluta a la violencia que el Estado mexicano ha ejercido en contra de la población migrante y con necesidades de protección internacional que ingresó a México en caravana el pasado 23 de enero, a través de la acción directa e indiscriminada de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM), así como la dilación y omisiones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Grupo Beta y los organismos públicos de derechos humanos.

Ayer, alrededor de 2000 personas (entre las que había mujeres, niñas niños y adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad) salieron de Tecún Umán, Guatemala, cruzaron el río Suchiate buscando una alternativa por el puente “Suchiate II” y se internaron en territorio mexicano sobre la carretera Ciudad Hidalgo – Tapachula, en el estado de Chiapas. En lo que identificamos como actos de intimidación, hostigamiento y persuasión, durante varios kilómetros la caravana estuvo flanqueada por elementos y vehículos de las fuerzas militares. Finalmente, al llegar al municipio de Frontera Hidalgo, tras caminar diez kilómetros a pleno sol, se encontraron con el operativo liderado por la Guardia Nacional, basado en el abuso de la fuerza y con el objetivo de contener y detener a todas las personas integrantes de la caravana, omitiendo las obligaciones del Estado de identificar a las personas con necesidad de protección internacional y violando el principio de interés superior de la niñez.

Personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas fueron testigos de la acción militar de encapsulamiento usada por el grupo antimotines de la Guardia Nacional, así como del uso indiscriminado y dirigido de gas pimienta, sin considerar la presencia de niñas, niños y bebés. El operativo causó que grupos de personas se internaran en parajes selváticos tratando de escapar de la represión.

En el contexto del operativo había aproximadamente 10 personas de protección civil, un Grupo Beta prácticamente ausente y, si bien estaban presentes algunas personas de la COMAR, su actuación fue omisa y tergiversada, pues indicaron a las personas que para poder acceder al trámite de refugio debían subir a los autobuses, a lo cual muchos se negaron. Por ello, denunciamos que el Estado mexicano recurre no solo a la violencia, sino al engaño y la manipulación emocional de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

Los saldos del día de ayer son: una persona desmayada, varias personas lesionadas; niñas, niños y personas de la tercera edad con crisis nerviosas, separación de familias y, según la información presentada por el INM, al menos 800 personas detenidas que fueron llevadas a diversos centros de detención migratoria, donde enfrentarán condiciones de hacinamiento, violaciones de derechos humanos y violencia en múltiples formas, solo para esperar ser deportadas a los países de los que vienen huyendo.

Quienes firmamos este comunicado hemos denunciado de forma reiterada las condiciones indolentes que viven las personas migrantes y refugiadas en las estaciones migratorias. Hemos recibido testimonios sobre acoso y hostigamiento de la Guardia Nacional a quienes están ahí detenidas, entre los cuales hay denuncias de posible violencia sexual. En los centros de detención prevalece el miedo y la desconfianza ante un gobierno que ha engañado y lastimado las esperanzas de miles de personas que buscan un futuro mejor para sí y para sus familias.

En este escenario, consideramos que no es casualidad la negación de ingreso a las estaciones migratorias a las organizaciones que hacen monitoreo y acompañamiento a las personas en situación de detención, tal como ha denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, asimismo se ha obstaculizado la labor de documentación a personas de American Friends Service Committe (AFSC), Formación y Capacitación (Foca) y Voces Mesoamericanas, en el centro de detención “La Mosca” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Denunciamos también que los comunicados del INM están alejados de la realidad y no hacen sino abonar a un contexto de estigmatización de la población migrante y con necesidades de protección internacional.
Los abusos de la Guardia Nacional como estrategia de contención y disuasión del Estado mexicano han quedado registrados por organizaciones de la sociedad civil y periodistas. La evidencia sustenta lo que hemos afirmado: la Guardia Nacional no debe estar involucrada en acciones de control migratorio.

Como organizaciones defensoras de derechos humanos, exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, el más alto representante del Estado, que cumpla con las obligaciones internacionales de México y establezca una política migratoria y de refugio con enfoque de seguridad humana, la cual reconozca el contexto de crisis de desplazamiento forzado en la región, respete efectivamente los derechos humanos de todas las personas migrantes y con necesidades de protección internacional y se apegue al principio de no devolución.

Reiteramos que diversos órganos de tratado de Naciones Unidas (Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Civiles y Políticos, Comité contra la Discriminación Racial) han señalado de forma tajante que la detención migratoria constituye una violación de derechos humanos y debe ser eliminada como parte de la política migratoria en México.

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Firmantes

Alianza Américas
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano – COMDHSEM
Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura – GIDMT
Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria – GTPM
Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género – MTMG
Capitulo Guatemala
Capitulo México
Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM
Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica – RJM CANA
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

Datos de contacto:

Claudia Martínez M.

Responsable de Comunicación Estratégica

comunicacion@gtpm.mx

55 3192 7702

@GTPM_MX

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