26 de abril del 2019.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de la República Mexicana
Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
Alejandro Encinas
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Tonatiuh Guillén
Comisionado del Instituto Nacional de Migración.
Andrés Ramírez Silva
Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
Martha Yolanda López Bravo
Procuradora Federal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes
David León
Coordinador Nacional de Protección

Presentes

El pasado 22 de abril, diversos medios de comunicación dieron a conocer el lamentable operativo de detención migratoria que encabezó el Instituto Nacional de Migración en conjunto con la Policía Federal. En distintos momentos, personas que lograron escapar, han dado sus testimonios tanto a organizaciones de la sociedad civil como a medios de comunicación, coincidiendo en que fueron cercados por agentes migratorios, mientras se detenían a descansar después de haber caminado por casi 7 horas, momento que aprovecharon las autoridades señaladas, para comenzar la detención de un grupo compuesto mayoritariamente por mujeres solas con sus hijos e hijas, familias y personas con discapacidad.

Lamentamos y condenamos categóricamente este tipo de acciones sobre todo cuando en distintos momentos el Ejecutivo Federal, en lo personal y a través de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y del propio Comisionado de Migración, Tonatiuh Guillén, ha señalado que la política migratoria de esta nueva administración, estará basada en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.

Las organizaciones firmantes, muchas de las cuales tenemos un trabajo en materia migratoria y de asilo desde hace más de 20 años en el México, Centroamérica y Estados Unidos, queremos señalar que lo que vimos el pasado 22 de abril y lo que hemos estado documentado desde el pasado 23 de marzo, nada tiene que ver con la protección de derechos humanos ni con el cambio de paradigma de la Política de Estado en la materia, esto debido a los siguiente:

La actual administración continúa centrando la definición de su política migratoria en el control, la gestión y administración de los flujos migratorios, afirmando que las personas que llegan a México lo hacen para poder llegar a Estados Unidos y en consecuencia son migrantes económicos. Pero, los testimonios de cada persona que atendemos nos muestran una realidad de lucha por la sobrevivencia y la integridad física personal y familiar, lo que convierte a muchas de ellas en solicitantes de asilo.

Asimismo, el gobierno mexicano en sus distintas administraciones, se ha empeñado en vincular la migración con un tema de seguridad nacional, posición que favorece la persecución y criminalización de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional. Lamentamos que este enfoque se haya incorporado dentro de la Estrategia de Seguridad Pública.

En este sentido, expresamos nuestro profundo rechazo y exigimos se retire de esta estrategia recién publicada la catalogación de los «flujos migratorios descontrolados» como la primera amenaza y riesgo a la Seguridad Nacional, como expresión genérica, ambigua y directamente criminalizante hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo. Esta visión contribuye a justificar actos de autoridad que incluso pueden llegar a constituir graves violaciones a derechos humanos como tortura y desaparición forzada, contribuyendo a la vez, a que se fortalezca dentro de la sociedad, sentimientos y acciones xenofóbicas.

Esta visión gubernamental impide observar que lo que tenemos enfrente como Región, es una grave crisis humanitaria y de asilo que requiere ser atendida en este sentido. Las personas que llegan de Centroamérica están huyendo de un contexto de violencia generalizada que pone en riesgo su vida, su integridad física y psicológica, y su seguridad. Sería oportuno que se preguntaran ¿qué situación de gravedad lleva a una familia o a una madre a tomar la decisión de salir huyendo con sus hijos e hijas, a pesar de saber que la situación de inseguridad y violencia que hay en México los puede poner en riesgo?

Pensar una política basada en derechos humanos implica también incorporar principios fundamentales como el interés superior de la infancia y la perspectiva de género en todo proceso migratorio y de asilo. En consecuencia, no debería estar ningún niño, niña o adolescente, acompañado y no acompañado, en detención dentro de estaciones migratorias o en sus extensiones a las que hoy nombran como “albergues habilitados”. En este sentido, el Estado mexicano está cometiendo graves violaciones a los derechos de la infancia, quienes de acuerdo a los tratados de derechos humanos y a la legislación vigente en México, bajo ninguna circunstancia, deben ingresar a estos centros de detención.

Reconocer que lo que se vive hoy en frontera sur es una crisis humanitaria y de asilo también permitiría observar que las personas que están ingresando a México, son personas con necesidad de protección internacional y en consecuencia lo que se necesita es fortalecer a la institución encargada de su identificación y de la atención de sus procesos de asilo. Sin embargo, de manera lamentable, se decidió disminuir el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para quedar en poco más de 20 millones de pesos -el más bajo desde 2011-, aun sabiendo que distintas proyecciones señalaban un aumento considerable de solicitudes de asilo para 2019.

Esto ha tenido como resultado el colapso del sistema de asilo mexicano, la desprotección de solicitantes de asilo, además de que ha contribuido a precarizar las condiciones de trabajo de las personas encargadas de atender las solicitudes.

La actual crisis humanitaria y de asilo que lleva más de un mes en la frontera sur es, en gran parte, responsabilidad de la administración federal. No es cierto que la totalidad de las personas detenidas el pasado 22 de abril y días pasados en múltiples operativos de detención masiva en el estado de Chiapas, se rehusaron a aceptar ser registradas y atendidas por las autoridades e instituciones gubernamentales. Muchas de ellas habían iniciado sus trámites de regularización y solicitud de asilo en Tapachula y se vieron afectadas por el cierre de la oficina de regularización y por el colapso de la atención en COMAR. Otras habían sido registradas en los municipios de Acacoyagua y Mapastepec por parte del INM para acceder a un trámite de regularización que nunca fue aclarado; y varios centenares más, también en Mapastepec, solicitaron por varias semanas bajo condiciones inhumanas ser integradas al registro para regularizar su situación migratoria. Ante el cierre de las oficinas, la falta de claridad en los trámites y la ausencia de atención humanitaria integral; la desesperación obligo a las personas a reiniciar el tránsito por la costa de Chiapas.

Reconocer que lo que hoy se vive en frontera sur es una crisis humanitaria implicaría el despliegue inmediato y coordinado de asistencia humanitaria, sin llegar a los lamentables casos de personas, entre ellas niños y niñas, que pasaron días sin comer y beber agua, hasta que su salud se vio comprometida. Además llevaría a establecer verdaderos albergues en los que las personas, con respeto a su dignidad y sus derechos humanos, podrían esperar el trámite de sus solicitudes de asilo sin estar en detención. Lamentamos contradecir al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, pero la habilitación de la Feria Mesoamericana no es para crear un albergue, es la puesta en marcha de una extensión de la Estación Migratoria Siglo XXI, que hoy se encuentra colapsada por el gran número de personas que se encuentran en detención. Recordarnos que el llevar a familias con niños, niñas y adolescentes a estos espacios, es una detención migratoria y no una asistencia humanitaria.

Contrario a los Convenios y Tratados que en materia de derechos humanos México ha firmado y ratificado, el Secretario de Relaciones Exteriores sobrepone una situación de relación económica sobre una de respeto, protección y garantía de derechos humanos. Ninguna relación económica debería construirse sobre este tipo de supuestos, pues justo el cumplir con los intereses del socio mayoritario a lo que lleva es a una grave violación, sistemática y sistémica de derechos humanos.

En este punto recordamos a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la firma y ratificación de Convenios Internacionales en materia de derechos humanos, es un ejercicio de la soberanía, a través del cual el Estado adquiere obligaciones de respetarlos, protegerlos y garantizarlos, bajo principios de no discriminación, universalidad, integralidad e interdependencia y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Nos preocupa que, entre las acciones implementadas por el actual gobierno mexicano, se encuentre el impulso de convenios de desarrollo con Centroamérica, los cuales, bajo ninguna circunstancia, han sido consultados a la población. Tal y como ha sido el ejemplo del Presidente de México, todo proceso que implique tocar los derechos de pueblos y comunidades, debería ser llevado a consultas previas, libres e informadas, pues justamente muchos de los proyectos de desarrollo y megaproyectos que hoy se realizan en Honduras, El Salvador y Guatemala, han generado despojo de tierras y bienes, ocasionando el desplazamiento forzado interno e internacional de comunidades enteras, al asesinato de personas defensoras de tierra, territorio y recursos naturales y presionando a las personas a huir, en muchos casos, a otros países ante las amenazas de que son objeto. Sería muy lamentable que México con su intervención, impulsara este tipo de hechos.

En consecuencia, la respuesta ante esta crisis humanitaria no es la ejecución de operativos de detención migratoria haciendo uso ilegal de la fuerza, donde solamente se ponen en mayor riesgo la vida, la integridad, la seguridad y la protección de miles de personas desplazadas e instalan un mensaje de criminalización hacia las mismas en las propias comunidades.

Hacemos nuevamente un llamado a la reorientación de la actuación de las distintas instituciones de gobierno responsables de proteger y garantizar derechos humanos de las personas con necesidad de protección internacional y especial como la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA), para que se base en la seguridad de las personas y en el respeto de sus derechos, en la que se reconozcan todas las violencias estructurales por las cuales las personas son obligadas a huir de sus países de origen, no solo la económica, y por lo tanto el reconocimiento de las necesidades de protección internacional que garanticen el acceso a este procedimiento en especial a niños, niñas y adolescentes no acompañados, en la que por ninguna razón exista tolerancia ni excusa para la represión y la violencia.

Exigimos que, a corto y mediano plazo, las acciones implementadas den prioridad a salvaguardar los derechos humanos de las personas, dar respuesta a la atención humanitaria y que éstas no agraven la criminalización con acciones de detención masiva, empleando fuerzas de seguridad, amenazas de judicialización a quienes son solidarias en el tránsito, y la difusión de mensajes de estigmatización de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que justifican discursos de discriminación, miedo y xenofobia al interior de la sociedad.

Asimismo, demandamos garantías de seguridad y respeto a las acciones que realizamos como organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Hacemos un llamado a las autoridades a reconocer, recibir y responder a las preocupaciones que hemos expresado en las últimas semanas como parte de nuestras labores de observación, monitoreo y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

Instamos a reforzar con urgencia la capacidad de los equipos de las instituciones de las que depende garantizar el acceso a procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado (COMAR), y de regularización migratoria (INM) en Tapachula evitando con ello que el colapso de las mismas expanda nuevas crisis de manera inminente.

Hacemos un llamado tanto a las autoridades a nivel federal, estatal y municipales, como a los medios de comunicación, a reflexionar a fondo sobre la crisis con un sentido humanitario y de derechos humanos, y no promover irresponsablemente discursos de odio, discriminatorios o xenófobos, que pueden derivar en actos de violencia desde la población local contra las personas migrantes y refugiadas.

Finalmente, instamos al gobierno mexicano a garantizar la no repetición de estos hechos, así como que se investigue y sancione a los funcionarios que formaron parte de estos lamentables actos, en los que se comprometieron derechos fundamentales de personas con una gran necesidad de protección internacional.

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