Ciudad de México, 7 de octubre de 2019.

• Privar de libertad a personas migrantes y sujetas de protección internacional en México es una práctica inhumana de control migratorio.
• Tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones de detención equiparadas con actos de tortura, inhiben el goce y la exigencia de derechos.
• Los recursos asignados y ejercidos por el INM deben ser transparentes y eficaces, y no ser utilizados para ampliar la capacidad de los centros de detención migratoria formales e informales.

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En México, la detención migratoria es la regla y no la excepción, la privación de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional no pasa por una evaluación de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, ni tampoco por control judicial como sucede en otros países. La libertad de las personas se encuentra subordinada a una política migratoria que privilegia la contención y el control migratorio para culminar en acelerados procesos de deportación.

De acuerdo con cifras reportadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), de enero a julio del 2019 se han llevado a cabo 128,485 eventos de personas presentadas ante el INM, casi el doble que el año pasado (72,954). El estado en el que más se llevó a cabo esta práctica es Chiapas, con el 43.7% del registro, considerando que es un estado fronterizo.

Organizaciones como Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Frontera con Justicia, y el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSYDE, así como el Consejo Ciudadano del propio INM, han realizado diversos ejercicios de documentación sobre las condiciones de las estaciones migratorias en México y han denunciado de manera constante las violaciones sistemáticas a derechos humanos en estos espacios, vulnerando no sólo a los derechos de acceso a la justicia y debido proceso; sino resaltando las condiciones de hacinamiento; falta de acceso al agua potable y a artículos de higiene personal; de atención a la salud integral; alimentos en mal estado y sin contemplar las necesidades particulares; colchones y colchonetas con plagas; muchas de ellas situaciones que reflejan tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el uso de cuartos de castigo y actos de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Destacando que, si bien el objetivo último de esta política migratoria es la deportación, también es cierto que muchas personas han permanecido en detención hasta por un año bajo estas mismas condiciones, hecho que en sí mismo puede considerarse como una práctica de tortura al igual que la inminencia de deportación.

Una de las respuestas del INM ante este tipo de denuncias es la falta de un presupuesto acorde a las necesidades de la población que se encuentran en estos lugares, sin embargo, el informe La detención migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público, publicado en 2019, por las organizaciones Sin Fronteras, ASILEGAL y FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, refleja que, en el año 2017 el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados fue de 1 millón 826 mil pesos, mientras que el ejercido fue de 5 millones 276 mil pesos. Esto responde a que el nivel derecaudación de derechos por servicios migratorios, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos, es mayor que el aprobado.

Un elemento que llama la atención es que, como se menciona en el estudio Una mirada al presupuesto del Instituto Nacional de Migración (Fundar, 2013), en el ejercicio fiscal 2012 el 82% se canaliza a acciones de gestión y control migratorio, y solamente el 11% fue utilizado para programas de protección y el 1% destinado directamente a personas migrantes.

Ante esto, instamos a las y los legisladores de la Cámara de Diputados para que revisen, y en su caso, modifiquen el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 con el fin de que,

1. Se privilegie el acceso a alternativas a la detención en la comunidad y la garantía de derechos de debido proceso y acceso a la justicia, así como de salud, alimentación y estancia digna de estaciones migratorias, sobre acciones de gestión y control migratorio.
2. Lo asignado al INM para el tema de estaciones migratorias sea transparente y que pueda ser un mecanismo para exigir mejoras en las condiciones de detención, en tanto se avanza en la eliminación de la privación de libertad por razones migratorias.
3. Dentro de los rubros destinados a programas de atención a migrantes en estaciones migratorias se tenga una perspectiva de derechos humanos, género y no discriminación.
4. El presupuesto destinado a la detención de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias, así como el pago de las personas Oficiales de Protección a la Infancia sean redirigidos a las Procuradurías de Protección de la Infancia y Centros de Asistencia Social, para garantizar el cumplimiento de diversas recomendaciones del sistema Universal y Regional de Derechos Humanos.
5. Establecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos, sobre todo de aquellos recaudados mediante el pago de derechos, que van más allá de la expedición de la visa de turista; y también sobre las licitaciones otorgadas para el servicio de alimentación y traslado de personas detenidas.

Las organizaciones y redes firmantes coincidimos en que la revisión y reflexión del actual Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2020 debe hacerse desde un enfoque de derechos humanos, y deben establecerse mecanismos de vigilancia y de contraloría con participación de la sociedad civil, sobre la implementación y la consecuente rendición de cuentas.

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Firman,

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina Latinoamérica y el Caribe, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.

Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; American Friends Services Committee; Asylum Access México, (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Migrantes México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández, Claudia Iveth Martínez Medrano y Jocelín Mariscal Agreda. Secretaría Técnica.

Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura. American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina Latinoamérica y el Caribe, Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, FM4, Paso Libre, Grupo de Acción Comunitaria (GAC), Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana, Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Servicio Jesuita a Refugiados México (SJR) y Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes.

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