2 de octubre de 2020

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• Hacemos un llamado enérgico a las autoridades de la región a atender las necesidades humanitarias de las personas migrantes y quienes buscan protección internacional, con pleno respeto de sus derechos humanos.
• Hacemos un urgente llamado a la empatía y la solidaridad entre los pueblos centroamericanos y mexicanos hacia las personas en contexto de movilidad humana.

“Todos nos venimos, salimos en familia porque ya no
aguantamos la pobreza, no hay trabajo, ahorita por la
pandemia nos corrieron del trabajo, nos corrieron de la casa y
quedamos sin nada” Mujer hondureña

El desplazamiento forzado de miles de personas en lo que se ha llamado “caravanas” es resultado de la corrupción, la inseguridad, las múltiples violencias, las muertes, el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, la militarización de las fronteras y el endurecimiento de las políticas migratorias en la región. Estas causas, que se profundizan con la pandemia por COVID-19, tienen un trasfondo político y económico estructural que son responsabilidad de los Estados centroamericanos, mexicano y estadounidense.

En consecuencia, entre la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1ro de octubre de 2020, un grupo de aproximadamente 2,000 personas salió de la Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, Honduras, con el objetivo de emigrar hacia México y Estados Unidos. El grupo conformado por familias, mujeres, hombres, niñas, niños, y adolescentes acompañados y no acompañados, se dirigió, en su mayoría, a la frontera de Corinto entre Honduras y Guatemala, mientras que otros grupos se dirigieron a la frontera de Agua Caliente. En ambas fronteras se encontraron con un amplio despliegue policiaco y militar con el objetivo de impedirles el paso, a pesar de esto, las personas continuaron su camino ingresando a territorio guatemalteco.

En respuesta, los gobiernos guatemalteco y mexicano emitieron una serie de comunicados que estigmatizan y criminalizan a las personas que en este momento se encuentran desplazándose hacia México. La respuesta emitida ha tomado como principal línea argumentativa el contexto de emergencia sanitaria, acusando sin fundamento, de un posible contagio. De esta manera, el gobierno guatemalteco preparó un “ Protocolo de Alerta Temprana en Zonas Fronterizas” en donde convierte a la sociedad guatemalteca en “denunciante” de la presencia de personas migrantes ante las autoridades departamentales. Pese a que no ha sido ratificado, es una acción intimidatoria y de promoción de prácticas xenófobas.

Además, impuso un Estado de Prevención en seis departamentos fronterizos (Izabal, Petén, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Chiquimula) excusando que la movilidad de personas que no pertenecen a esos territorios representa un riesgo de seguridad y salud pública. Esta medida prevé disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública sin autorización, o que afecte la libre locomoción de personas o servicios públicos, y la limitación, por parte de las fuerzas de seguridad, de la salida de personas del país que no cumplan con medidas sanitarias. Las declaraciones del gobierno guatemalteco, identifican a la niñez migrante acompañada y no acompañada, a las mujeres y las personas adultas mayores, como “escudos humanos” de estos movimientos migratorios, denostando los motivos de sus huidas.

Por su parte, el gobierno mexicano publicó un comunicado de prensa, señalando que de acuerdo a los códigos penales de Chiapas y Tabasco se puede sancionar con una pena de entre 5 y 10 años de prisión a las personas que pongan en riesgo de contagio a otras, llevando al ámbito penal un hecho que requiere atención desde la protección y garantía de derechos humanos, y en consecuencia, un despliegue de atención humanitaria que permita garantizar los derechos a la seguridad, a la salud y a la vida de las personas en movilidad, poniendo especial atención en los niños, niñas y adolescentes que integran el contingente. Es importante señalar que durante los siete meses que lleva la contingencia sanitaria en el país, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido negligente en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes a quienes incluso abandonó en la frontera sur mexicana, poniendo en riesgo su salud, sin que hasta el momento exista sanción alguna en contra de quienes ordenaron dicha acción.

Cabe señalar que el gobierno mexicano ha expresado su rechazo a las medidas punitivas para el control de pandemia de COVID-19, por tanto, estas declaraciones denotan un trato abiertamente discriminatorio hacia las personas en contexto de movilidad. Por primera vez se amenaza con aplicar el derecho penal de manera generalizada, faltando al debido proceso y el marco constitucional. Por tanto urgimos a que detenga todo tipo de
declaraciones que acrecienten la discriminación y xenofobia en contra de las personas migrantes, en congruencia con los diversos comunicados y mensajes emitidos por la Secretaría de Salud Federal, acerca de no discriminar bajo ningún motivo a diversos sectores sociales a lo largo de la pandemia.

Las acciones de control migratorio de ambos países se caracterizan por la falta de protocolos y de respeto alguno de las medidas sanitarias, poniendo en riesgo la vida misma de las personas migrantes. La evidencia nos ha demostrado que criminalizar la migración con medidas de “cero tolerancia” orilla a las personas a condiciones de vulnerabilidad extrema que provocan daños irreparables, como el lamentable fallecimiento de un joven hondureño ocurrido ayer en su tránsito por Guatemala. Estas políticas tienen consecuencias como la separación familiar, detenciones prolongadas, hacinamiento, incremento en gastos económicos, y en casos extremos, tortura e incluso muertes personas en movilidad, lo que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.

Las políticas punitivas regionales de contención y criminalización sólo contribuyen a agravar la crisis humanitaria de migración y refugio, en lugar de promover políticas de corresponsabilidad que atiendan las causas estructurales de las migraciones y atiendan de manera adecuada la protección de las personas ante los riesgos de la pandemia por COVID-19.

Por lo anterior, quienes firmamos hacemos un fuerte llamado al gobierno mexicano y guatemalteco para:

1. Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que se desplazan forzadamente en “caravanas”.
2. Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y brindar asistencia humanitaria a los grupos que hoy se desplazan, procurando garantizar el derecho a la salud. Así como, garantizar los derechos de todas las personas que los integran, en especial los de las niñas, niños y adolescentes quienes bajo ninguna
   circunstancia deben ser detenidos.
3. Cesar los discursos discriminatorios y xenófobos que alimentan actos de violencia en contra de las personas en contextos de movilidad.
4. Finalmente, hacemos un llamado urgente a las comunidades a ser empáticas y solidarias con quienes buscan protección y una vida digna.

¡Basta del uso de la narrativa de derechos humanos y de salud para justificar la criminalización hacia las migraciones!

Organizaciones firmantes:
Asociación Pop No’j
Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS)
Pastoral de Migración Iglesia Luterana Mexicana
Puente Ciudadano AC
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Asociación COINCIDIR
Fundación Para La Justicia y El Estado Democrático De Derecho
Formación y Capacitación A.C.
American Friends Service Committee – Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)
Comisión de Acción Social Menonita (CASM)
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Proyecto (In)Movilidades en las Américas y Covid-19

Instituto de Geografía para la paz AC (IGP/Geopaz)
Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
Asociación La Alianza
Organización México Americana para el Desarrollo, A.C.
Centro de Estudios de Guatemala
Servicio Jesuita para Refugiados
Franciscanos International
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
Witness at the Border
Dignidad y Justicia en el Camino A.C. “FM4 Paso Libre”
JPIC Familia Franciscana Honduras
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Asylum Access México (AAMX) A.C.
Pueblo Sin Fronteras
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Pastoral Social Villa Lobos I Parroquia Dios Con Nosotros
Uno de Siete Migrando A.C.
International Activist Youth
Asociación de familiares de migrantes desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG)
Redes de sociedad civil:
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
American Friends Service Committee –Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Colectivo Kaltsilaltik A.C., Red Jesuita con Migrantes –Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes – Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS México), Tzome Ixuk – Mujeres Organizadas A.C., Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C
Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria
Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Americas, American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos
Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children
México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Migrantes México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition
(Observadoras). Claudia Martínez Medrano, Jocelín Mariscal Agreda y Melissa A. Vértiz Hernández, Secretaría Técnica.
Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG)
Capítulo Guatemala
American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe (AFSC); Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM); Asociación Consejería Oxlajuj Ix para Centroamérica y México (CAMEX); Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud-Guatemala
ACCSS; Asociación de Desarrollo Social de Ixcán (ADESI); Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG); Asociación Lambda, Consejo de Juventud para el Desarrollo Ixcoyense (COJDI); Comisión de Asuntos Migratorios de Ixcán -CAMI; Comité Municipal de Migración; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER); Gobierno Ancestral Plurinacional Q’anjoba’l; Jóvenes por el Cambio; Mamá Maquin; Médicos del Mundo Francia – España; Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG); Molanil K´inal B´e; Pastoral Social La Libertad Cristo de Esquipulas; Pop Noj’; Red Juvenil Ak´Molam; SociedadCivil.
Capítulo México
American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe (AFSC); Centro de Derechos Humanos Oralia Morales; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Comité de Derechos Humano Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.; Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI); La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes; Médicos del Mundo Francia – España, Pastoral de Migrantes; Parroquia de Frontera Comalapa; Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Servicio Pastoral a Migrantes San Martin de Porres (SEPAMI -SMP ); Una Ayuda para ti Mujer Migrante A.C.; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA)
Red Jesuita con Migrantes Guatemala
Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)
Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración
Bloque Latinoamericano sobre Migración
Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos» (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana)
Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala
Academia:
Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landivar, Guatemala
Maestría en Estudios sobre Migración, Universidad Iberoamericana CDMX
Dirección de Incidencia, Universidad Iberoamericana CDMX
Programa de Seguridad Ciudadana, Universidad Iberoamericana CDMX
Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana CDMX
Programa de Género e inclusión, Universidad Iberoamericana CDMX
Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, Universidad Iberoamericana CDMX
Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Torreón
Coordinación Sistémica con Migrantes del Sistema Universitario Jesuita
Observatorio de Legislación y Política Migratoria, Colegio de la Frontera Norte

Contacto:
Karla Gonzaléz, Iniciativas para el Desarrollo Humano (México), Direccion@idehu.org.mx

Silvia Verónica Raquec Cum, Asociación Pop No’j (Guatemala), silvia@asociacionpopnoj.org