México.- El próximo 3 de agosto a las 2:00 p. m. en Washington, D. C., organizaciones de la sociedad civil presentarán evidencia y recomendaciones en una audiencia de oficio sobre los Impactos del crimen organizado en los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana en México durante el 196° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El espacio ha sido solicitado por las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Hope Border Institute (HOPE) y Human Rights First (HRF).
El contexto y la dinámica generada como resultado del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos no solo ha afectado a las personas en contextos de movilidad humana que buscaban asilo o protección en dicho país; también ha impactado a poblaciones adolescentes que, al ingresar de manera irregular, son repatriadxs vía aérea a estados del sur de México, sin conocimiento del destino final de su traslado. La mayoría se encuentra en contextos de migración de circuito, aquellos que son usados y reclutados para la comisión de delitos como el tráfico ilícito de personas.
Organizaciones internacionales han expuesto que las políticas restrictivas y la militarización de la frontera obligan a las personas a buscar otras formas de ingreso a Estados Unidos, contexto que abre posibilidades para que grupos delictivos ofrezcan vías irregulares para el cruce, donde la adolescencia de la frontera norte es utilizada.
De acuerdo con datos oficiales del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación en México, la utilización de esta población ha incrementado en las ciudades fronterizas de los estados del norte colindantes con los Estados Unidos: más de 350 adolescentes de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas han sido enviados a tres estados distintos del sur.
Se ha detectado que nuestro país no cuenta con una estrategia unificada de prevención, atención, ni con protección sólida, funcional, efectiva y a largo plazo. Cuando los adolescentes llegan repatriados a los estados del sur, la ruta de protección para niñas, niños y adolescentes, al no contemplar este perfil, no es aplicada, es decir, no hay condiciones técnicas fundadas para realizar los procesos de evaluación, determinación del interés superior de la niñez o planes de restitución de derechos; se abocan solo a la reintegración familiar, lo que limita considerablemente atender riesgos, necesidades, vulnerabilidades asociados a su bienestar y su desarrollo socioemocional. Además, se destacan estancias por tiempos prolongados en los Centros de Asistencia Social, por la falta de recursos para la reintegración familiar y, en consecuencia, la revictimización ante las necesidades históricas de acceso a derechos, servicios públicos y de exclusión o marginación social que adolecen de forma sistemática en sus comunidades de origen.
En conclusión, se identifican coyunturas importantes que deben atender y prevenir la vulneración y violación sistemática de derechos que favorezcan a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos así como de protección, aplicando principios rectores como la no separación, el derecho a la prioridad, a la información, a la familia y la transversalización de los otros derechos que contribuyan a su bienestar integral.
Por ello, las organizaciones peticionarias consideramos sumamente importante que el Estado mexicano informe cuál es el acuerdo que tiene con Estados Unidos en relación a la población afectada por las repatriaciones realizadas desde finales de 2025. Y, aún más importante, cumplimentar con la obligación de proteger los derechos de los adolescentes, a través de la participación activa de las procuradurías de protección.
Registro para acceder de manera virtual a la audiencia de oficio Impactos del crimen organizado en los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana:
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_nkVWEH4hTVSGTyU2wT9ihg#/registration
Contacto de prensa:
Ciela Ávila, coordinadora de comunicación en DHIA:
WhatsApp: +52 656 821 63 79
Mauricio Pérez, responsable de comunicación del GTPM:
WhatsApp: +52 553 450 44 21
