• En el marco de los recientes anuncios por parte de SEGOB y de la SRE sobre la transformación de la política migratoria hacia una que privilegie los derechos humanos, es indispensable que estas declaraciones se acompañen de presupuesto para fortalecer la atención y servicios dirigidos a personas en contexto de migración internacional en México y en EEUU.

Organizaciones de la sociedad civil vemos con preocupación el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF 2019), específicamente en los rubros dedicados al tema migratorio, pues no reflejan el espíritu de la nueva política migratoria y de protección a personas solicitantes de asilo y refugiadas.

El PEF es la expresión de las políticas de Estado, indicando la agenda prioritaria de trabajo del gobierno en turno. La implementación de marcos normativos y políticas públicas que garanticen, promuevan y respeten los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, incluyendo a grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y adolescentes, requiere de una inversión social suficiente, eficiente y equitativa.

De acuerdo con la información pública oficial, en el Ramo 04/N00 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) el presupuesto asignado pasa de $25,784,647 en 2018 a $20,843,364 en 2019, lo que significa una reducción del 23% que resulta alarmante e inconsistente con la expresada intención del Estado mexicano de cumplir con sus deberes de protección a refugiados. Ello en tanto que no toma en cuenta que, desde 2012, el número de solicitantes se ha incrementado en más de un 2000% mientras que el presupuesto asignado no ha sufrido modificaciones relevantes y que para 2019, de acuerdo con estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las solicitudes de asilo en México ascenderán a 47,000, adicionales a las miles de peticiones pendientes y rezagadas desde el 2016.

En el Ramo 04/K00 Instituto Nacional de Migración (INM), el PEF 2019 le asigna un total de $1,330,602,921, que representa una disminución del 23% en relación con lo autorizado en 2018. Al respecto, llamamos la atención para que se garantice que este ajuste no impacte en los ya escasos servicios y atención que recibe la población migrante internacional en México y que se traduce en el acceso a derechos (sobre todo de quienes están en estaciones migratorias y en proceso de regularización), y por el contrario se reduzcan las acciones tendientes al control migratorio que implican la continuidad de una política de seguridad y fortalecimiento del INM como entidad de seguridad nacional.

Vemos con extrañamiento la desaparición del Fondo de Apoyo al Migrante y del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, así como la reducción del 98% del presupuesto del Programa 3×1. Si bien consideramos que es indispensable fortalecer las reglas con las que operan, ello no significa que sean prescindibles, pues tienen impactos positivos en algunas de las comunidades más excluidas del país, además de promover la coinversión migrante para el desarrollo local.

Asimismo, llamamos la atención a fortalecer a las instancias responsables de programas que impactan, en diferentes niveles, a las personas migrantes en congruencia con el anuncio de una política migratoria transversal, tal es el caso del presupuesto de la Secretaría de Gobernación en el tema de derechos humanos y prevención de la discriminación, donde se asignará $184,328,151 a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Ramo 04/V00); $151,186,713 al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Ramo 04/EZQ) y, $400,791,984 para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y no localizadas (Ramo 04/X00).

Finalmente, en el Ramo 12/NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) notamos una reducción del 16% al asignarse para este año el monto de $1,933,349,595. Esto nos preocupa ya que dicho presupuesto impacta en los recursos y efectividad de las Procuradurías de Protección a la Infancia, las cuales tienen un papel fundamental, entre otras, en la evaluación y determinación del Interés Superior de la niñez y adolescencia migrante, así como en el diseño y seguimiento a planes de restitución de derechos.

Quienes firmamos el presente comunicado instamos a la Cámara de Diputados y al Gobierno de México a que reconozcan la necesidad de fortalecer las instancias y programas gubernamentales que atienden a personas en contextos de migración internacional en México y en EEUU, como parte fundamental de la consolidación de una nueva política migratoria que cuente con los recursos necesarios para brindar atención y protección a las personas en contextos de migración internacional.

Coalición de Migrantes Mexicanos, Colectivo Migraciones para las Américas,
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, Red Michoacana para las Migraciones y Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes.