Las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano de manera temporal o permanente e indistintamente de su situación migratoria tienen derecho a las mismas condiciones de vida y bienestar que personas nacionales.

Las autoridades tanto federales, estatales y municipales tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar todos los derechos de las personas que se encuentren en su jurisdicción y de acuerdo con sus ámbitos de competencia.

El GTPM ha impulsado reformas legislativas tendientes a: 

• Corresponsabilizar a autoridades de salud, trabajo, educación, vivienda, bienestar, registro civil, en la protección y garantía de los derechos humanos.
• Promover la puesta en marcha de diagnósticos que permitan crear políticas públicas de impacto, relevantes y significativas.